Aula Magna XXVIII

Aula Magna XXIX fue un espacio clave para analizar en profundidad el impacto de las economías ilegales en el país y promover el diálogo entre la academia, el Estado y los actores políticos. Su importancia radicó en generar propuestas concretas orientadas a fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.

Durante los dos primeros días se abordó la expansión de las economías ilegales y su impacto en la gobernabilidad, la economía y la sociedad en el Perú y América Latina. Los ponentes coincidieron en que estas no son fenómenos marginales, sino estructurales y profundamente integrados al sistema formal, afectando la legitimidad estatal, la justicia y el desarrollo democrático.

En la ponencia inaugural, Juan Pablo Luna analizó este proceso como parte de la “erosión del Estado-nación”, producto de la expansión de los mercados ilegales y del shock tecnológico en contextos de desigualdad, planteando la necesidad de “reinventar la democracia” mediante un modelo de desarrollo que dispute la legitimidad al crimen. En los comentarios, Maritza Paredes destacó la inserción estructural de las economías ilegales en la economía nacional, mientras que Víctor Gobitz propuso mecanismos de trazabilidad para promover la formalización.

Dante Vera profundizó en la minería ilegal como un sistema de poder que captura territorios e instituciones, debilitando al Estado y generando dependencia local. Nuria Esparch planteó incorporarla entre las amenazas nacionales de seguridad para destinar mayores recursos a su combate, y Eduardo Dargent subrayó la necesidad de fortalecer la formación universitaria sobre criminalidad y políticas públicas.

En la segunda jornada, Lucía Dammert analizó el “poder ilegal” como una forma de gobernanza paralela sustentada en tres factores: mercados ilícitos rentables, corrupción institucional y debilidad estatal. Señaló que el crimen no ha desaparecido, sino que se ha sofisticado, infiltrándose en la economía formal y en la vida cotidiana. Propuso abandonar las políticas punitivas y apostar por estrategias integrales centradas en el desarrollo, la transparencia y la justicia social. Agustín Espinoza alertó sobre la normalización de la ilegalidad en la cultura ciudadana, mientras que Marcela Huaita insistió en incorporar la perspectiva de género en las políticas de respuesta.

Por su parte, Nicolás Zevallos describió las economías ilegales como redes flexibles y descentralizadas presentes en todo el territorio nacional, impulsadas por la informalidad, la minería aurífera y el narcotráfico. Propuso construir mapas de actores y relaciones, y diseñar estrategias basadas en evidencia empírica. Los comentarios de Jenny Vento y Noam López reforzaron la urgencia de cambiar la narrativa social sobre la ilegalidad, y pasar de políticas reactivas a enfoques proactivos y sostenibles.

En el tercer día se presentaron las propuestas de los candidatos frente a los retos de las economías ilegales. En el primer panel, Juan Carlos Liendo (Avanza País), Carlo Magno Salcedo (Ahora Nación) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), bajo la moderación de Karen López, coincidieron en la necesidad de una reforma institucional profunda, una coordinación multisectorial y un pacto político que excluya a quienes han legislado en favor del crimen. Liendo propuso abordar el crimen organizado desde las economías ilegales, especialmente la del oro; Salcedo resaltó la crisis moral del Estado y la urgencia de recuperar la ética pública; y Lescano atribuyó la inseguridad a la falta de autoridad, planteando medidas preventivas y apoyo al agro y la minería formal para evitar la expansión del narcotráfico.

En el segundo panel, moderado por Augusto Townsend, participaron Alejandro Salas (Perú Primero), Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo), quienes coincidieron en que las economías ilegales están extendidas y vinculadas al Estado. Salas propuso fortalecer las instituciones y actualizar el Acuerdo Nacional; Belaúnde planteó usar inteligencia y tecnología para combatir el sicariato y la minería ilegal; y Bermejo llamó a una reforma profunda de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, además de revisar las políticas antidrogas.

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Conclusiones

1. Las economías ilegales son parte estructural del sistema económico.
2. El Estado peruano mantiene una debilidad persistente y falta de coordinación.
3. La minería ilegal constituye una amenaza central en los ámbitos económico, ambiental y político.
4. La informalidad alimenta el crimen y la corrupción.
5. Se requiere cooperación multilateral, voluntad política y políticas basadas en evidencia.
6. Es necesaria una mayor investigación desde la academia para comprender estos fenómenos y diseñar estrategias efectivas.
7. La dimensión ética, ciudadana y de género debe integrarse en toda estrategia de Estado.

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Aula Magna concluyó reafirmando el compromiso de la Universidad con el análisis crítico y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos nacionales. El encuentro reunió voces académicas, políticas y ciudadanas en un diálogo plural sobre las economías ilegales y su impacto en la democracia, destacando la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la integridad pública y renovar la confianza en el Estado.

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